Pese a su fama de "Paraíso de la Libertad", en EE.UU. los Servicios de
Seguridad tienen total acceso a la vida privada de sus ciudadanos, de
manera que todo el país se convierte en un auténtico estado policial.
Los productos de encriptación siguen en EE.UU. la misma reglamentación
que regula la munición, de modo que la exportación de dichos productos se
realiza de forma muy controlada o, incluso, se prohibe. Un ejemplo puede
ser el caso del PGP, uno de los programas de encriptación más utilizados
hoy en día. Las versiones para su utilización en otros países están recortadas,
de modo que los usuarios no estadounidenses o canadienses de PGP ven
comprometida la privacidad de sus comunicaciones.
Además de este caso, muchas empresas estadounidenses de software,
como por ejemplo Microsoft, colaboran con el Gobierno, proporcionando a la
Agencia Nacional de Seguridad (NSA) llaves que permiten abrir sus sistemas.
Pero no se trata sólo del caso concreto de los sistemas informáticos. Los
Servicios de Seguridad estadounidenses han tenido siempre total libertad
para intervenir y vigilar la vida de sus conciudadanos en contra de sus
propias leyes. Los nuevos sistemas de tratamiento automatizado de información
sólo vienen a ayudar a una política que se ha desarrollado desde siempre.
En este sentido es digno mencionar la red Echelon, con la que el Gobierno
estadounidense vigila todas las comunicaciones internacionales en busca de
información que le pueda ser util en cualquiera de sus fines. De esta forma,
todos, no solo los ciudadanos estadounidenses, somos vigilados de forma
ilegal por su Gobierno.
Toda esta situación se ha agravado desde el 11-S.
A raíz de los atentados de las Torres Gemelas el Gobierno estadounidense
ha elaborado diferentes leyes que facilitan la investigación de sospechosos,
cuyas comunicaciones pueden ser intervenidas y sus vidas investigadas en
algunos casos sin necesidad de permisos judiciales y sin que el investigado
pueda nunca llegar a saber que ha sido investigado.
Uno de los planes más ambiciosos que se llegaron a barajar pretendía
destinar presupuestos para contratar a determinadas personas (carteros,
porteros, camioneros y, en general, personas con acceso a la vida de los demás
o con gran movilidad) para investigar a sus conciudadanos. El plan pretendía
contratar hasta a un 4% de la población (la famosa Stasy de la
RDA sólo empleaba a un 1% de la población).
Además de la intervención en la vida privada, los EE.UU. llevan a cabo
una censura sobre los medios de comunicación, muchas veces con la
colaboración de dichos medios, que rechazan determinados artículos sin
necesidad de que el Gobierno tenga que censurarlos.
Todo esto se evidenció en el atentado de las Torres Gemelas. Las cadenas
de televisión no emitieron imágenes que dieran idea de la magnitud del
atentado, impidiendo que se vieran cuerpos mutilados o cadáveres. Varias
cadenas de radio censuraron una lista de 150 canciones entre las que se
encontraban títulos de Louis Armstrong, Lennon o Simon & Garfunkel.
Tal vez el caso más flagrante de hasta qué punto el Gobierno de EE.UU.
no siente el más mínimo respeto hacia las libertades individuales sea el
desvelado en el diario The Albuquerque Tribune en la década de los noventa.
Este diario desveló el caso de 18 individuos, ciudadanos estadounidenses,
a los cuales les fue administrado plutonio en la década de los 40 sin su
conocimiento ni, por supuesto, consentimiento. El fin era investigar los
efectos de esta sustancia, entonces casi desconocida, en el organismo.
Las identidades de 13 de estos 18 cobayas involuntarios continúan, aún hoy,
en el anonimato.